Tras la sanción en el Senado, las jubilaciones mínimas subirán un 16,4% y las pensiones no contributivas mas del 19%

La reciente legislación aprobada por la Cámara de senadores introduce modificaciones significativas en el sistema previsional argentino, beneficiando a más de siete millones de jubilados y pensionados con un aumento del 7,2% en los haberes y un incremento en el bono para los haberes mínimos, que pasa de $70.000 a $110.000. Este bono, además, se actualizará mensualmente según la fórmula de movilidad basada en la inflación, ratificada por la ley, que mantiene el esquema decretado el año pasado sin incorporar ajustes por crecimiento económico o mejoras salariales.

El ajuste del 7,2% responde a una compensación por la inflación de enero de 2024, que alcanzó el 20,6%, frente al 12,5% otorgado en ese momento. Sin embargo, la norma aclara que “el incremento señalado será incorporado al haber mensual siguiente al de la sanción de la presente sobre el haber percibido en el mes de su sanción. Dicho incremento quedará incorporado al haber mensual y servirá de base para futuros aumentos. Quedan excluidos de incremento todas las prestaciones otorgadas bajo regímenes especiales o diferenciales que tengan una movilidad diferente a la establecida por la ley 24.241”.

Para los haberes mínimos, el impacto es mayor debido al bono. El haber mínimo, que en julio era de $309.294,80 más $70.000 de bono, alcanzará los $441.564, lo que representa un aumento del 16,4%. En el caso de la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM), que partía de $247.435,80 más $70.000, el nuevo monto será de $375.251, un alza del 18,2%. Las Pensiones No Contributivas (PNC), que sumaban $216.506 más $70.000, llegarán a $342.094, con un incremento del 19,4%. Los haberes del régimen general que no reciben bono solo percibirán el aumento del 7,2%.

Fuentes de financiamiento

La ley también establece que la ANSeS transferirá a las provincias con regímenes previsionales no transferidos al Estado nacional un anticipo equivalente a una doceava parte del déficit anual de cada sistema, ya sea provisorio o definitivo, para cubrir sus necesidades financieras.

El financiamiento de estos incrementos se sustenta en varias medidas: la readecuación de $32.616.000.000 del programa presupuestario 16 de la Secretaría de Inteligencia de Estado, la reducción del programa de Servicios de la Deuda Pública tras la modificación del FMI del 11 de octubre de 2024 en su política de cargos y comisiones, y la derogación de exenciones al IVA para directores de empresas y al impuesto a las ganancias para Sociedades de Garantía Recíproca.